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LLEGA LA JUSTICIA A FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL ESTADO DE #SONORA.




Juez ordena orden de aprehensión en contra del comandante Fernando Fernández Portillo y tres ex agentes de la PEI ahora AMIC involucrados en caso Gisela Peraza!

HECHOS:
El 13 de marzo fue domingo. Gisela  vio en el celular que tenía mensaje. Era de Iveth Dagnino de Padrés, su patrona, esposa del gobernador de Sonora.
Doña Iveth ordenaba a Giselapresentarse de inmediato en la cocina de la casa de gobierno. La “mucama” obedeció. La señora manda. 

Cumplió la orden como cualquier otro día desde que entró (hace nueve años) al servicio familiar del actual gobernador Guillermo Padrés. En la cocina la esperaba Agustín Rodríguez, secretario particular del mandatario panista. El funcionario la acusó de robar una maleta con 450 mil pesos en efectivo y 130 mil en joyas. -Tú eres la única que entra a la habitación de los “señores” y eres a la que más confianza le tienen, le dijo, sin más. Gisela se sorprendió. Negó la acusación. En ese momento comenzó su tragedia.
El comandante Ernesto Portillo, jefe de escoltas del gobernador, le arrebató el celular, la amenazó y la encerró en el cuarto de servicio. Portillo registró la habitación. No encontró la maleta. Ni el dinero. Ni las joyas. Nada indebido o fuera de lugar.

Gisela quedó incomunicada. “Doña” Iveth, la “primera dama”, llegó al cuarto. Fue a reclamar. Le exigió a Giselaentregar lo robado. La amenazó también con mandarla a la cárcel de Nogales. El lunes 14 el administrador de la casa de gobierno, Fernando Sánchez Lara, la hizo firmar su “renuncia voluntaria”. Luego, gente de seguridad la esposó y la condujo a la comandancia de la Policía Estatal Investigadora (PEI). La encerraron en un cuarto maloliente. Una mujer policía la insultó. Luego la golpeó. -Dime dónde está el dinero, le insistió. Gisela Peraza se mantuvo firme. Entonces, la mujer policía le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico. La torturó.

El secretario de acuerdos de la Policía Estatal Investigadora de Sonora le informó a Gisela que le habían encontrado diez mil pesos en su bolsa. Le comunicaron que ya tenían una declaración en la que un empleado de la casa de gobierno aseguraba haberla visto en actitud sospechosa y con un bulto en los brazos.
El 17 de marzo la dejaron “libre”. El viernes, Gisela interpuso una demanda ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Acudió a varios abogados. Ninguno quiso tomar su caso.

El 5 de abril, policías ministeriales volvieron a detenerla. Se repitió la tortura. La desnudaron y la envolvieron en una cobija. La golpearon. Luego la trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría sonorense. Ahí se topó con Roberto Munro, jefe de Seguridad de la casa de gobierno, acusado de ser su cómplice. Ambos sostenían una relación amorosa. Gisela supo que su novio había confesado haber robado tres millones 600 mil pesos al gobernador Padrés, de los cuales, un millón se lo había entregado a ella. Fue arraigada 30 días. El 5 de mayo, Giselarecibió otra mala noticia. Le ampliaron el arraigo un mes más. Nadie la defiende. Ni sus nueve años de trabajo. Sus patrones se le fueron encima con todo. Sin piedad. Se le metieron hasta la cocina.

NOTA: Este relato se basa en la declaración de la inculpada, una entrevista con su familia y la queja que Gisela Peraza presentó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Procuraduría de Sonora no da la cara. Por fuerita dicen que todo es orden de la “primera dama” y del “señor gobernador”. Los “patrones” siempre mandan. Ya se sabe, ya se supo.

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